El inicio de la explotación petrolera en 1972 trajo grandes expectativas para una economía que dependió durante toda su historia de materias primas. El petróleo, a diferencia del banano o el cacao, prometía un flujo de ingresos superior y constante. Durante el boom petrolero de los 70 el país alcanzó tasas de crecimiento de dos dígitos, pero la dependencia hacia el petróleo y los problemas asociados al boom, como un elevado gasto público, déficits fiscales y una mayor deuda externa pública y privada, consolidaron una estructura institucional cuyas consecuencias se sentirían en la dos siguientes décadas. El segundo boom petrolero, por su parte, encontró una economía más dinámica, pero con problemas similares a los de cuarenta años atrás. En relación al primer boom, en esta segunda etapa la economía creció a un ritmo menor, a pesar de que el precio del crudo, en términos reales, se duplicó.
La era petrolera en Ecuador empezó de manera definitiva en 1972, cuando se inauguró el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). El precio por barril en ese año fue de $2,50 y se exportaron cerca de 25 millones de barriles, lo que significó un incremento de 46,9% en los ingresos del Gobierno Central frente a 1971. El sector público, que manejaba el sector petrolero, empezó a tener una participación cada vez mayor en la economía. Así, los ingresos del Gobierno Central, que en 1971 representaron el 12,1% del PIB, en 1978 pasaron a 21,2%. Entre 1972 y 1978 los ingresos públicos crecieron en promedio al 37,3% anual, frente al 10,4% del periodo 1966-1971. Sin embargo, desde 1974 la producción de crudo se estancó en torno a los 74 millones de barriles anuales. Lo que aumentó, gracias a eventos internacionales como la Guerra de Yom Kippur, fue el precio, que en 1978 llegó a $12,5 por barril 10 dólares más que en 1972.
Como consecuencia del primer boom petrolero, la composición de los ingresos del Gobierno Central cambió notablemente. En 1971 los ingresos tributarios representaron el 81% del total y en 1979 apenas el 42,3%, es decir que su participación se redujo casi a la mitad. Por el contrario, la participación de los ingresos petroleros pasó de 6,3% a 36,6% en el mismo período. El aumento sostenido de los recursos disponibles permitió que el Gobierno Central elevara sus gastos, que crecieron a una tasa promedio anual de 32,2% entre 1972 y 1978. En consecuencia, durante todo ese período se registraron déficit fiscales, salvo en 1974, cuando se alcanzó un superávit de $97 millones, equivalente al 1,5% del PIB. En 1977 el déficit llegó al 3,1% del PIB.
El auge petrolero no mejoró las cuentas fiscales debido a que los mayores ingresos se tradujeron inmediatamente en mayores gastos, principalmente de inversión. De esta manera, el gasto de capital creció a una tasa promedio anual de 36,4%, mientras que el gasto corriente lo hizo al 29,2% (en gran parte como consecuencia del aumento en el rubro de sueldos y salarios, que creció al 21% anual). Esto permitió que la participación del gasto de inversión dentro del total pasara de 25,8% en 1971, previo al boom, a 36,7% en 1978. En relación al PIB, el gasto de capital pasó de 2,6% a 5,5%. La deuda pública, que en 1971 representaba el 9% del PIB, en 1979 llegó al 20,1%. La deuda privada, por su parte, se multiplicó por 39 durante el mismo periodo, pasando de $12 millones a $496 millones, es decir, del 0,5% al 4,16% del PIB. El masivo acceso a préstamos internacionales como consecuencia del boom petrolero empezó a sentar las bases para lo que más tarde contribuiría, junto con otros factores, a la crisis de la década de 1980. El primer boom petrolero fue aprovechado casi exclusivamente por el Estado, ya que la participación privada en la producción en 1978 fue de apenas el 1,1% del total. La Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), creada en 1972 y reemplazada en 1989 por Petroecuador, fue la encargada de explotar ese monopolio.
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